A-lumen

*Alex Darío Rivera M.

"No somos antisistema, el sistema es anti-nosotros" Pintado en un muro.

Algunas teorías etimológicas aseguran que el vocablo alumno es de origen griego, derivándose de la letra “a” que significa: sin, y de la palabra “lumen” cuya acepción es: luz; por tanto, alumno equivaldría a decirse: “Sin luz”. Desde esa concepción magistocéntrica y excluyente, el alumno es ese proyecto de ser humano que carece de las luces del conocimiento; es ese “objeto” incapaz e inculto que requiere de la luz sapiente de un maestro, educador o docente que le pueda iluminar o en el mejor de los casos, compartirle sus luces. Esta visualización, aunque errónea al percibir a los estudiantes como recipientes inertes para ser llenados por la “sabiduría” del educador, aun sigue teniendo aceptación en pleno siglo XXI. Pero a lo que voy, no tiene que ver mucho en torno a discernir sobre la relación existente entre ese personaje denominado profesor y sus estudiantes, ni discutir sobre los desaciertos de ese concepto de “alumno”, sino más bien asociarlo con un hecho irónico que surge a partir de la aprobación gubernamental para el pago del servicio eléctrico por parte de los centros educativos públicos, lo que en verdad será coincidente con ese viejo concepto de que alumno es sinónimo de: sin luz, en este caso específico, sin luz eléctrica. Si bien es cierto y por todos conocidos, a pesar de que los políticos demagógicos lo nieguen, desde hace un tiempo (los años ochenta del siglo XX y de manera mucho más deliberada a partir del gobierno de Callejas), nuestros gobiernos (al servicio de la mezquina oligarquía local y de los avaros intereses imperiales) bajo la presión del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional han acentuado la aplicación de medidas fiscales, económicas y políticas de corte neoliberal, entre ellas, la visión privatizadora de las instituciones públicas. Entonces el enunciado de que la educación es un derecho humano, cada vez más, parece un cuento de ciencia ficción, al ser percibida ésta (la educación) como una mercancía al alcance de quien pueda pagarla. A pesar de que la ultrajada Constitución Política de la Re(s)pública haga referencia que la educación es laica, gratuita y obligatoria, en la práctica, de manera acelerada, se convierte en una falacia, en un discurso demagógico que esconde o dilata la verdadera cara de la realidad. Desde luego, estas amenazas no están relacionadas exclusivamente con el sistema educativo, asimismo ocurre con el sistema de salud, con la empresa de telecomunicaciones (HONDUTEL), con la soberanía nacional (las bases militares; la ocupación territorial mediante la falaz campaña de “seguridad” emprendida desde el Pentágono bajo pretexto de luchar contra el narcotráfico; el Honduras Open Bussines y las ciudades modelos, entre otros), la privatización de las aguas como recurso estratégico, la leyes entreguistas de minería, los sistemas de previsión social (INPREMA e INJUPEM) y como institución relacionada con el problema antes mencionado, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). Esta última empresa estatal enunciada (ENEE), a finales del año anterior reportó que no había podido recuperar 228.9 millones de Lempiras adeudados por 283 empresas privadas, esto sin hablar sobre las diversas condonaciones otorgadas a dicho sector en gobiernos anteriores, acciones que junto a la fuerte tendencia privatizadora, sin lugar a dudas buscan la quiebra financiera de la misma, para comprarla a precio de “gallo muerto”. La empresa privada, con sus dos viejas máscaras (doble moral), desde el año anterior propone como salidas a la crisis “reducir gastos, ejecutar cobros y promover las inversiones público-privadas”. Casi con certeza, en cuanto a reducir gastos, desde luego se refieren a la “escueta” política subsidiaria de la que se benefician unos pequeños y pobres consumidores, entre ellos, los centros educativos del país; en lo que concierne a “ejecutar cobros”, ya han tomado las medidas respectivas al cortar el servicio a todo ciudadano común que se atrase un mes de pago, aunque el costo de la factura sea casi insignificante, de igual manera, haciendo llegar factura de cobro bajo amenaza de corte a aquellas instituciones del sistema educativo público y; cuando hablan de promover inversiones público-privadas, se devela la verdadera avaricia del sector privado. Para finalizar, es necesario recordar que en marzo del año anterior (2011) el gobierno aclaró “que los centros educativos públicos no pagarían por dichos servicios”, anuncio realizado, como respuesta de lo que ellos nombraron una “falsa alarma” de la dirigencia magisterial. A pesar de esa declaratoria, hace más de un año, el servicio telefónico fue suspendido al Instituto Departamental La Independencia en Santa Bárbara y, hace casi un mes, personeros de la ENEE “cortaron” el servicio eléctrico durante unas horas, mismo que fue restablecido ante la reacción indignada de los estudiantes y padres de familia que aún mantienen los centros educativos cerrados mientras no reciban una nota formal, donde el gobierno se comprometa asumir su responsabilidad histórica con la educación gratuita del pueblo y, nosotros, continuar soñando que algún día no muy lejano, alumno, no volverá a ser sinónimo de sin luz.

* Catedrático y escritor.

alexdesantabarbara@yahoo.com