*Alex Darío Rivera M.
"No somos antisistema, el sistema
es anti-nosotros" Pintado en un
muro.
Algunas teorías etimológicas aseguran
que el vocablo alumno es de origen
griego, derivándose de la letra “a” que significa: sin, y de la palabra “lumen”
cuya acepción es: luz; por tanto, alumno equivaldría a decirse: “Sin luz”.
Desde esa concepción magistocéntrica y excluyente, el alumno es ese proyecto de
ser humano que carece de las luces del conocimiento; es ese “objeto” incapaz e
inculto que requiere de la luz sapiente de un maestro, educador o docente que
le pueda iluminar o en el mejor de los casos, compartirle sus luces. Esta
visualización, aunque errónea al percibir a los estudiantes como recipientes
inertes para ser llenados por la “sabiduría” del educador, aun sigue teniendo
aceptación en pleno siglo XXI. Pero a lo que voy, no tiene que ver mucho en
torno a discernir sobre la relación existente entre ese personaje denominado
profesor y sus estudiantes, ni discutir sobre los desaciertos de ese concepto
de “alumno”, sino más bien asociarlo con un hecho irónico que surge a partir de
la aprobación gubernamental para el pago del servicio eléctrico por parte de
los centros educativos públicos, lo que en verdad será coincidente con ese
viejo concepto de que alumno es sinónimo de: sin luz, en este caso específico,
sin luz eléctrica. Si bien es cierto y por todos conocidos, a pesar de que los
políticos demagógicos lo nieguen, desde hace un tiempo (los años ochenta del
siglo XX y de manera mucho más deliberada a partir del gobierno de Callejas),
nuestros gobiernos (al servicio de la mezquina oligarquía local y de los avaros
intereses imperiales) bajo la presión del Banco Mundial y el Fondo Monetario
Internacional han acentuado la aplicación de medidas fiscales, económicas y
políticas de corte neoliberal, entre ellas, la visión privatizadora de las
instituciones públicas. Entonces el enunciado de que la educación es un derecho
humano, cada vez más, parece un cuento de ciencia ficción, al ser percibida
ésta (la educación) como una mercancía al alcance de quien pueda pagarla. A
pesar de que la ultrajada Constitución Política de la Re(s)pública haga
referencia que la educación es laica, gratuita y obligatoria, en la práctica,
de manera acelerada, se convierte en una falacia, en un discurso demagógico que
esconde o dilata la verdadera cara de la realidad. Desde luego, estas amenazas
no están relacionadas exclusivamente con el sistema educativo, asimismo ocurre
con el sistema de salud, con la empresa de telecomunicaciones (HONDUTEL), con
la soberanía nacional (las bases militares; la ocupación territorial mediante
la falaz campaña de “seguridad” emprendida desde el Pentágono bajo pretexto de
luchar contra el narcotráfico; el Honduras Open Bussines y las ciudades
modelos, entre otros), la privatización de las aguas como recurso estratégico,
la leyes entreguistas de minería, los sistemas de previsión social (INPREMA e
INJUPEM) y como institución relacionada con el problema antes mencionado, la
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). Esta última empresa estatal
enunciada (ENEE), a finales del año anterior reportó que no había podido
recuperar 228.9 millones de Lempiras adeudados por 283 empresas privadas, esto
sin hablar sobre las diversas condonaciones otorgadas a dicho sector en
gobiernos anteriores, acciones que junto a la fuerte tendencia privatizadora,
sin lugar a dudas buscan la quiebra financiera de la misma, para comprarla a
precio de “gallo muerto”. La empresa privada, con sus dos viejas máscaras (doble
moral), desde el año anterior propone como salidas a la crisis “reducir gastos,
ejecutar cobros y promover las inversiones público-privadas”. Casi con certeza,
en cuanto a reducir gastos, desde luego se refieren a la “escueta” política
subsidiaria de la que se benefician unos pequeños y pobres consumidores, entre
ellos, los centros educativos del país; en lo que concierne a “ejecutar
cobros”, ya han tomado las medidas respectivas al cortar el servicio a todo
ciudadano común que se atrase un mes de pago, aunque el costo de la factura sea
casi insignificante, de igual manera, haciendo llegar factura de cobro bajo
amenaza de corte a aquellas instituciones del sistema educativo público y;
cuando hablan de promover inversiones público-privadas, se devela la verdadera
avaricia del sector privado. Para finalizar, es necesario recordar que en marzo
del año anterior (2011) el gobierno aclaró “que los centros educativos públicos
no pagarían por dichos servicios”, anuncio realizado, como respuesta de lo que
ellos nombraron una “falsa alarma” de la dirigencia magisterial. A pesar de esa
declaratoria, hace más de un año, el servicio telefónico fue suspendido al
Instituto Departamental La Independencia en Santa Bárbara y, hace casi un mes,
personeros de la ENEE “cortaron” el servicio eléctrico durante unas horas,
mismo que fue restablecido ante la reacción indignada de los estudiantes y
padres de familia que aún mantienen los centros educativos cerrados mientras no
reciban una nota formal, donde el gobierno se comprometa asumir su
responsabilidad histórica con la educación gratuita del pueblo y, nosotros,
continuar soñando que algún día no muy lejano, alumno, no volverá a ser
sinónimo de sin luz.
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Catedrático y escritor.
alexdesantabarbara@yahoo.com